El papel de la negociación colectiva en la ley de protección de datos personales y garantía de derechos digitales en España

Resumen

La publicación de la LO 3/2018 de 5 de diciembre sobre Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDP) ha supuesto el reconocimiento normativo expreso en la legislación laboral de los derechos digitales, hasta el momento sólo contemplados por la vía jurisprudencial y en mucha menor medida, residualmente por la negociación colectiva en algunas empresas.

La inacción legislativa en la materia laboral ha permitido que sean los Tribunales de Justicia quienes procedieran a la regulación material de esta materia, pero la propia forma en la que estos pronunciamientos podían efectuarse constituían su propio límite, puesto que las decisiones judiciales venían a establecer límites a los poderes empresariales que incidían en el espacio de la intimidad y de la protección de datos de os trabadores desde la aceptación de un principio no escrito de primacía del poder de dirección del empleador como posición de dominio en una relación contractual marcada por la subordinación sobre los derechos de no injerencia en el ámbito privado y de control de los datos sobre la persona y su identidad del trabajador.

Además de ello, lo que se conoce como “diálogo” entre las diferentes jurisdicciones, también en un plano multinivel, afecta a este asunto de manera que ha existido una evidente contraposición entre la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, e incluso entre la jurisprudencia laboral y penal en la garantía de tales derechos, o en fin, en la disociación entre los pronunciamientos de la jurisdicción social y las decisiones de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta situación de anomia legislativa tenía necesariamente que desaparecer, más aún a partir de la promulgación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), que entraba en vigor en mayo del 2018 en todos los países de la Unión Europea. La ley española por tanto obedece esta necesidad, aunque el resultado, en lo que respecta a los derechos digitales en el trabajo, sea decepcionante.